Gustavo Petro cumple este lunes su primer año en la Presidencia de Colombia bajo la sombra del escándalo desatado por la supuesta financiación ilegal de su campaña que también involucra a su hijo y exnuera.
Según la fiscalía colombiana, Nicolás Petro Burgos y su exesposa confesaron que parte del dinero recibido de un narcotraficante y un empresario acabó en la campaña presidencial.
Este escándalo recuerda la sacudida que vivió la gestión de Ernesto Samper (1994-1998) en ese país durante el llamado «Proceso 8000», en que el exmandatario era señalado de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial.
El «proceso 8000» fue el eje sobre el cual giró el gobierno de Samper, el cual culminó con la condena de los máximos jefes de su campaña. Sin embargo, Samper salió airoso del proceso luego de una declaratoria de «ni culpable ni inocente» manifestada por la Comisión de acusación del Senado colombiano, al referirse a su responsabilidad directa sobre dicho el delito. Tal veredicto quedó en el limbo al precluirse el proceso sin presentar autoría o responsable del mismo.
Para Colombia, este caso quedó enterrado bajo el manto de la impunidad.
Origen del «proceso 8000«
Una semana después de realizada la segunda vuelta electoral de 1994 para el periodo comprendido de 1994 a 1998, que definía al futuro Presidente de Colombia entre los candidatos Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango, el entonces presidente César Gaviria Trujillo recibió de Andrés Pastrana Arango unos casetes cuando realizaba una gira por la ciudad de Santiago de Cali.
El presidente César Gaviria remitió los casetes al entonces fiscal general de la Nación Gustavo de Greiff, quien se abstuvo de abrir investigación ya que su hija Mónica de Greiff estaba vinculada a la campaña de Samper.
El sucesor del fiscal general, Alfonso Valdivieso, los dio a conocer a la opinión pública el 20 de junio de 1995. En ese entonces se divulgaron los casetes de audio en los que el periodista Alberto Giraldo hablaba con los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela (jefes del Cartel de Cali) sobre dineros para apoyar la campaña de Ernesto Samper.
Este proceso daría pie para la denuncia del Fiscal Valdivieso al entonces presidente Samper ante la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Caso Petro
En el caso de Gustavo Petro, este fue elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres políticas del país, donde abundan formas de corrupción tales como tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y robo del dinero público, pero sus alianzas con políticos tradicionales han acabado pasándole factura.
Y no fue la oposición la que sacó a la luz los supuestos ilícitos de su campaña sino que la bomba fue detonada en su entorno familiar como consecuencia de una pelea matrimonial entre su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa, Daysuris Vásquez que acabó llegando hasta la Fiscalía.
La oposición, por su parte, ha aprovechado la revelación de Petro Burgos a la Fiscalía, sobre la supuesta entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de su padre, para pedir que se le someta a un juicio político o incluso exigirle la renuncia, para lo cual han convocado a manifestaciones en todo el país el próximo 16 de agosto.
TRES PROCESOS EN EL CAMINO
Según el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Esteban Salazar, el caso puede tener tres procesos: uno en la Fiscalía General, otro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el tercero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
«La Fiscalía, por ahora, cuenta con la información de Nicolás Petro y ‘Day’ Vásquez, quienes deberán aportar pruebas de los dineros que recibieron y cuántos y a dónde ingresaron en campaña», puntualiza.
El dinero en cuestión provino de dos fuentes, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como «el hombre Marlboro», y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso «Turco» Hilsaca.
«Lo que sigue entonces es que la Fiscalía deberá comprobar si los dineros aportados (…) vienen de fuentes ilegales» para tomar las medidas penales del caso, indicó.
Más allá del origen del dinero, Nicolás Petro afirmó en una entrevista publicada hoy por la revista Semana que su padre no sabía del ingreso a su campaña electoral de dinero ilícito.
«Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias», manifestó.
Por los lados del CNE, este organismo deberá investigar si ese dinero fue registrado por la campaña presidencial de Petro y, de esta forma, determinar si el entonces candidato sabía o no.
La CNE no tiene competencia para juzgar al presidente y otros aforados, lo que por ley le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de la que Salazar dice que «se ha caracterizado por ser altamente negligente e ineficiente en el pasado».
El presidente de dicha Comisión, el conservador Wadith Manzur, informó el viernes que desde marzo pasado, cuando Vásquez hizo las primera denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo «un proceso en contra del presidente de la república» que «se encuentra en etapa de investigación previa», a lo cual se suma la denuncia presentada esta semana contra el presidente por un senador.
AGENCIAS
